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Politica

Congreso e iniciativa de gasto

Artículo de opinión de Ántero Flores Aráoz
    Lima 13 Junio, 2018
La preparación del presupuesto anual está a cargo del Poder Ejecutivo

El Presupuesto General de la República es una herramienta de planificación estatal y, sirve para la administración económica y financiera del Estado. La norma constitucional señala que el presupuesto asigna equitativamente los recursos púbicos, cuya programación y ejecución responden a criterios de eficiencia, de necesidades sociales básicas y de descentralización.

La preparación del presupuesto anual está a cargo del Poder Ejecutivo, quien lo debe presentar “efectivamente equilibrado” esto es balanceado ingresos y egresos.

Hasta antes de la dación de la Constitución de 1979, en las épocas en que funcionó el Parlamento, en la práctica los diputados y senadores hacían seda y pabilo del proyecto presupuestal del ejecutivo, pues para contentar a sus electores, asignaban recursos para diversidad de obras, ellas no necesariamente prioritarias, y ello muchas veces era en detrimento de gastos que eran indispensables, con lo cual en la práctica el presupuesto quedaba desfinanciado y cubierto el déficit con emisión inorgánica, ergo inflación.

Para solucionar el problema, en la discusión de lo que fuera la Constitución de 1979, el diputado Roberto Ramírez del Villar hizo incorporar norma por la que “los representantes a Congreso no tienen iniciativa para crear ni aumentar gastos públicos”, salvo en lo que corresponde al propio presupuesto de las cámaras legislativas.

En la actual Constitución de 1993 se repitió la prohibición aludida y en el Reglamento del Congreso se enfatizó en ello al determinarse que las proposiciones legislativas de los congresistas no pueden contener propuestas de creación ni aumento de gasto público, ello sin afectar el derecho de los congresistas de hacer peticiones en ese sentido durante el debate presupuestal.

Como podemos observar, no es cuestión que el Parlamento apruebe o desapruebe el presupuesto tal como fue presentado, sino que se debate en comisiones y en el Pleno del Congreso, donde si pueden plantearse adiciones y supresiones.  La prohibición de iniciativa de gasto por los congresistas en sus proyectos de ley, que pudiendo no ser de materia presupuestal, en los hechos influyen y determinan incrementos, como por ejemplo la creación de organismos públicos y programas gubernamentales, aumentos pensionarios, fundación de universidades, edificación de escuelas, postas sanitarias, carreteras y puertos, entre muchos otros.

También incrementaban el gasto presupuestal la creación de distritos y provincias, lo que felizmente ya no permite la actual Constitución, la que circunscribe la propuesta al ámbito del Poder Ejecutivo.

Pese a todo, en el Parlamento se dan maña para soslayar la prohibición, cuando declaran de interés y prioridad nacional la creación de distritos y provincias, o determinadas instituciones, que, si bien no son creados, se señala una direccionalidad sobre el particular. Igual sucede muchas veces en la comisión dictaminadora parlamentaria del presupuesto, en que a los ministros los tratan de convertir en Papá Noel, para que acepten añadidos y recortes.

Por lo expuesto, tiene razón el Ejecutivo de demandar ante el Tribuna Constitucional, respecto a la validez de normas que transgreden la prohibición de la iniciativa de gasto por el Congreso.

Por: Ántero Flores Aráoz.- Analista político, abogado y ex congresista de la república

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